Perú: Barajar y dar de nuevo

Por Santiago Toffoli

Con las elecciones parlamentarias extraordinarias de enero en Perú se buscó la renovación del Parlamento unicameral, después que el Presidente Martín Vizcarra lo disolviera a fines de septiembre pasado, haciendo uso de una prerrogativa que tiene el primer mandatario en caso de bloqueo legislativo. Adicionalmente, estos comicios constituyen un punto de inflexión en la política peruana, donde la corrupción es el tema omnipresente y donde los partidos políticos buscan el modo de modificar su relación con la población o perecer en el intento. Los resultados, que dejaron diezmadas a las formaciones tradicionales y que no le dieron a ningún partido más del 11% de los votos, son prueba de ello.

La mayoría de las cuestiones básicas después de un cambio en el Poder Legislativo todavía son una incógnita en Perú. Cómo se formarán los bloques en las distintas votaciones; quiénes tendrán mayor predisposición a acompañar las iniciativas del Presidente, que no tiene un partido propio ni presentó candidatos; qué sector se encamina con mayor ventaja para las presidenciales de 2021. Todos estos temas aún permanecen sin respuesta.

Sin embargo, hay señales inequívocas después de este proceso electoral. Primero, en la coyuntura actual de Perú, la división clásica del espectro izquierda – derecha pierde considerablemente su razón de ser. Segundo, si bien los congresistas tienen mandato por un año y medio hasta las elecciones del año que viene, pueden interferir enormemente en el corto plazo, porque hay un mínimo consenso para realizar ciertas transformaciones en el plano político y judicial. Tercero, la dispersión partidaria y la desconfianza en la clase política son los dos aspectos sobresalientes. Atendiendo a las posibles consecuencias que surgen de estas señales, la política peruana intenta acomodarse en un contexto complejo, con problemas endémicos en el plano doméstico e inestabilidad regional.

Un mismo hechizo

Pedro Pablo Kuczynski (conocido como PPK) llegó con lo justo a disputar la segunda vuelta electoral de 2016 luego del triunfo de Fuerza Popular, el partido comandado por Keiko, hija del ex presidente Alberto Fujimori. La buena performance de Fujimori en la primera vuelta le posibilitó contar con una amplia mayoría legislativa, que, en caso de ganar, le hubiese dado un importante sostén de gobernabilidad; y en caso de perder, le daba la chance de disputar poder desde el Parlamento.

El rechazo transversal al fujimorismo le dio un triunfo ajustado a Kuzcynski, que se convertía en Presidente de Perú luego de varios mandatarios que se habían visto tentados y luego condenados por un mismo hechizo: los sobornos de Odebrecht.

A dos años de haber asumido, el mismo PPK se vio obligado a renunciar, luego de ser vinculado, como casi toda la clase política peruana, a los escándalos de corrupción que tenían como protagonista a la constructora brasileña. A partir de ese momento, una figura moderada en su discurso y su imagen, se hacía cargo del gobierno: el primer vicepresidente, Martín Vizcarra.

El nuevo mandatario impulsó de forma veloz un programa de gobierno que intentó dar respuesta a la desconfianza de la población en la clase política, mediante algunas reformas en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, sumado al desafío de mantener el crecimiento económico que Perú ostenta desde hace algunos años. Sin embargo, Vizcarra no tardó en identificar el principal obstáculo para materializar sus planes de gestión: la mayoría fujimorista en el Parlamento.

La Asamblea Legislativa de Perú es unicameral y tiene 130 escaños, de los cuales 73 le pertenecían a Fuerza Popular. Tras el constante bloqueo por parte de la fuerza liderada por Keiko Fujimori para modificar el absurdo sistema de elección de jueces del Tribunal Constitucional, Vizcarra tomó la determinación, en septiembre de 2019, de disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. En este escenario de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Presidente salió victorioso por el apoyo de dos sectores: la mayoría de la población y las Fuerzas Armadas. 

La principal fuerza opositora no solo perdía su principal activo, la mayoría legislativa, sino que veía como su líder terminaba detenida por el mismo encantamiento que hizo sucumbir a tantos políticos peruanos: la corrupción de Odebrecht, esta vez ligada al delito de lavado de dinero.

Decidir por la negativa

Si la victoria de PPK en 2016 fue consecuencia del rechazo al retorno del fujimorismo, las elecciones de enero significaron un no rotundo a los partidos políticos tradicionales y a las fuerzas ligadas a hechos de corrupción. El partido más votado, Acción Popular, obtuvo el 10.4% de los votos, y 25 escaños en el Parlamento. El histórico APRA, fundado por Víctor Haya de la Torre en la década del 20 y que supo ser un faro para la izquierda latinoamericana, consiguió un 2.6% de los votos y no pudo pasar la barrera del 5% que requiere la Ley para ingresar al Congreso. Fuerza Popular, el partido de Keiko, pasó de la mayoría absoluta en 2016 al sexto lugar en 2020, con un 7% de los sufragios. La izquierda, que fue dividida, obtuvo menos de 20 curules sumando las fuerzas que consiguieron representación. Por otra parte, un partido evangélico, el FREPAP, alcanzó el segundo lugar luego de 20 años sin formar parte del Legislativo.

Los peruanos no votaron por la lógica de la disciplina partidaria ni por fidelidad ideológica progresista, nacionalista, liberal, de izquierda o de derecha. Votaron un Congreso fragmentado sin darle demasiado poder a ningún partido, sepultando al “fujiaprismo” tras acusarlo de culpable del mal endémico de la corrupción, y otorgando un implícito plácet al Presidente para que lleve a cabo las reformas necesarias para acabar con los conflictos de intereses entre la política y el empresariado.

Pero, por otra parte, la historia reciente de Latinoamérica nos recuerda que elegir por la negativa muchas veces da como resultado el acceso al poder de fuerzas profundamente antidemocráticas, a outsiders amparados en ‘señales divinas’, o a sectores ligados al establishment financiero con dogmas neoliberales que ya han fracasado una infinidad de veces en nuestro continente. Algunos de estos elementos están presentes en los partidos con representación en el Parlamento de Perú.

La judicialización de la política da como resultado que la agenda de la corrupción penetre en la totalidad del debate y no deje lugar a discusiones sobre los modelos de desarrollo, sobre cómo combatir la desigualdad, y cómo traducir el crecimiento económico de Perú en una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

El país de los presidentes presos

Perú se ha convertido en el país que ostenta un triste record: 4 ex presidentes fueron condenados a prisión, y uno se suicidó antes de ser detenido. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK y Alberto Fujimori conforman el primer grupo, mientras que Alan García fue noticia al rededor del mundo cuando decidió acabar con su vida tras una sentencia que lo enviaba a la cárcel.

Sin embargo, la tristeza que caracteriza a este notable palmarés de la política del Perú, radica en que los peruanos y las peruanas debaten sobre la justicia y los hechos de corrupción, y no sobre los proyectos de país que proponen las fuerzas políticas. La judicialización de la política da como resultado que la agenda de la corrupción penetre en la totalidad del debate y no deje lugar a discusiones sobre los modelos de desarrollo, sobre cómo combatir la desigualdad, y cómo traducir el crecimiento económico de Perú en una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

A un mes de las legislativas en Perú, el presidente Vizcarra, que no tiene una formación partidaria propia, también vio en estas últimas semanas como su gabinete fue objeto del mismo encantamiento que embrujó a toda la política peruana. Sus ministros de Energía y Minas, Justicia y Derechos Humanos, Transporte y Comunicaciones y Educación renunciaron tras denuncias de corrupción. Estas dimisiones, sumadas a la condena al alcalde de Lima, Luis Castañeda, y a las de figuras prominentes como Keiko Fujimori y la ex alcadesa de Lima, Susana Villarán, siguen poniendo a la judicialización de la política en el centro de la escena.

Vizcarra cosechó algunos apoyos para llevar a cabo reformas en el plano judicial, que refieren a un aumento de las regulaciones y los controles a los políticos y la discusión sobre la inmunidad parlamentaria. Por otro lado, también propuso reformas políticas, como instaurar la bicameralidad en el Parlamento o suprimir el sistema de voto preferencial, que pone el foco en las candidaturas personales por encima de las partidarias.

Todas estas reformas van en pos de terminar con el hechizo omnipresente en la política peruana. Quizás, siendo optimistas, con una rápida solución de estos problemas se puede pensar en un debate más orientado a la economía, a la política, y a los proyectos de país para la nación andina, y no tanto a la justicia y a la corrupción, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

Ilustración de la portada: Giovanni Tazza / EL COMERCIO

Santiago Toffoli es estudiante de la Licenciatura Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Auxiliar de la cátedra de Integración y Cooperación Latinoamericana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR). Columnista internacional en Radio Gran Rosario, AM1330  (Rosario), Radio Comunitaria Poriajhú (Capitán Bermúdez, Santa Fe.) Escritor en Síntesis Mundial y en Revista Sin Tapujos. Rosario, Argentina. Correo electrónico: santi.toffoli@gmail.com.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente las de Síntesis Mundial.

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